Criminología Mediática - Por Joaquín Arigón
A mediados del siglo XVIII, se publicaba la mangum opus de uno de los pensadores más influyentes de la ilustración, el Barón de Montesquieu. En su célebre "El espíritu de las leyes", el filósofo y jurista desarrolló la tesis de la separación o equilibrio de poderes. Decía Montesquieu que es necesario dividir el las atribuciones públicas entre tres órganos: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cada uno de estos órganos se encargaría, concomitantemente a su función principal, de controlar a los restantes, logrando un equilibrio que mitigue la tendencia del ser humano a abusar del poder.
Sin embargo, el desarrollo de la vida democrática que sobrevino en siglos posteriores, demostró que además de los poderes enunciados existe un cuarto poder, que es la prensa. El derecho a la libre expresión y el derecho a la información sustentan la existencia de la libertad de prensa. Constituye un Derecho Humano el acceso a la información, así como la difusión de ideas y opiniones.
Pero, como bien decía FERRAJOLI en relación a los Derechos ya especificados y su posible colisión:
Es claro que no existe un derecho a la información "verdadera", que estaría en conflicto con la libertad de información. Solo puede hablarse de un derecho a "recibir" informaciones. Sin embargo, existe un derecho negativo a la no desinformación, consistente en una libertad negativa, es decir, en la inmunidad frente a las desinformaciones y la manipulación de las noticias.*1.
1. FERRAJOLI, Luigi: "Poderes Salvajes. La crisis de la Democracia Constitucional"; Editorial Trotta, Madrid, 2011, página 80.
Este derecho a la no desinformación se ve comúnmente vulnerado por algunos medios de prensa de nuestro país, que camuflan en contenido informativo opiniones políticas. Hay sectores de los medios que tienen un papel clave en la circulación - y consecuente aumento- del miedo al delito. Esto debido a que emplean técnicas de personalización y sensacionalización, una cobertura intensiva, con comentarios profusos, de hechos delictivos. Motivan así los reclamos de mano dura, y las campañas políticas que se abrazan devotos al populismo penal.
Esta actividad de formación de opinión que no apunta a la mejora de los índices delictivos y de convivencia sino a alimentar una empresa muy aceitada como lo es la de la seguridad privada, no es en lo absoluto novedosa, sino que se presenta como un mecanismo de control social desde hace siglos, sin mermar por ello su eficacia.
Los medios de comunicación juegan un rol muy importante mediante lo que se ha denominado "criminología mediática". Mediante la repetición excesiva y sensacionalista de las noticias vinculadas a ciertos delitos cometidos por cierta clase de delincuentes (léase, los de menor poder), se crea un enemigo, fomentando la lógica de un "nosotros" decente, y un "ellos", que son causa única y absoluta de todos nuestros males. La figura que se elige es, por supuesto, la del joven perteneciente a los sectores marginales, a quien hay que temer. Ese miedo provoca la exigencia de una respuesta, de una protección estatal, que solamente se encuentra - a la luz de un infame sentido común- en la imposición de un castigo. Y cuanto mayor sea la severidad del mismo, mejor. Todo esto, siempre, en contra de las enseñanzas de la criminología académica, y de la evidencia empírica que ha demostrado hace ya un lustro la ineficacia de esa clase de medidas en la mejora de los índices delictivos, de violencia y de convivencia.
Hemos visto actuar de manera muy evidente a los medios de comunicación en diversos momentos de la vida política reciente. Por ejemplo, en los años 2012, 2013 y 2014, la prensa enfocó sus energías hacia los menores de edad, casualmente en los momentos previos a un plebiscito que pretendía bajar la edad de inimputabilidad. En aquel entonces, existió un hiperdimensionamiento por parte de los medios de comunicación de los hechos delictivos en los que el o los partícipes eran menores de edad. Esto derivaba en la opinión generalizada y difundida de que la mayor parte de los hechos delictivos - en rigor, de ciertos hechos delictivos- eran cometidos por menores de edad que se valían de su condición de inimputables, favorecidos por un sistema en exceso benigno.
Sin embargo, como demuestra la realidad, esa creencia no pasaba de la categoría de mito, en tanto las estadísticas de los asuntos iniciados ante la Justicia Penal en todas sus facetas, tanto de adultos como de menores, demuestran que la participación de adolescentes en actos delictivos no representó nunca más que un 7,9% del total. La intención política de los medios de comunicación resulta, a la luz de esta evidencia, inequívoca.
En los años siguientes, la criminología mediática continuó con su tarea, aumentando el miedo al delito, al cual se lo muestra como cada vez mayor, más violento y protagonizado de forma excluyente por integrantes de las clases marginales. Y la Historia se ha encargado de demostrar, que siempre existen políticos dispuestos a hacer del miedo una herramienta para la obtención del poder. Surgió así un plebiscito que prometía "Vivir sin Miedo", pese a que sus propios propulsores reconocían públicamente que las medidas propuestas no servirían para la disminución de la criminalidad. Esto siempre bajo la premisa de que "algo hay que hacer", aunque ello fuera, como bien dijo Marcos HERNÁNDEZ, hacer del fracaso norma de máxima jerarquía.
Una excelente tarea de militancia de diversos actores sociales, culturales y políticos nucleados en la articulación "No a la Reforma" resultó en el fracaso del plebiscito. Pese a la contundente negativa popular al avance de la ola punitiva el gobierno entrante ha decidido incluir en su proyecto de Ley de Urgente Consideración múltiples medidas de contenido similar o análogo, que solo pretenden aumentar el ejercicio del poder punitivo contra las clases populares. La intención se evidencia cuando abundan los aumentos de penas para los delitos cometidos por los menos poderosos, pero no se escribe ni una letra en torno a aquellos denominados como "delitos de cuello blanco", como la defraudación tributaria o la estafa, que pueden causar daños exponencialmente mayores a los hurtos, rapiñas, receptaciones, narcomenudeos, etcétera.
Y en este debate, los medios juegan su partido. Así, a modo de ejemplo, "El país" titulaba el 9 de enero de este año "Van a prisión por muerte de delincuente". La noticia refería a los hechos que se dieron en Paysandú cuando un hombre de 30 años intentó - sin éxito- robar una moto, y fue perseguido, reducido y asesinado por un guardia de seguridad y un militar que lo redujeron en un penoso intento de arresto ciudadano, que muchos erróneamente quisieron catalogar como justicia por mano propia. El mensaje era claro: el uso de la palabra muerte en lugar de homicidio, y la elección del epíteto de delincuente exclusivamente para la víctima indicaban que la resolución era una injusticia, una aberración.
Por otro lado, días antes, el 26 de diciembre, se verificó la mayor incautación de cocaína en la historia de nuestro país. La droga se encontraba en un contenedor cuyo destino era Togo, y que fue intervenido por personal de Aduanas. Según se constató posteriormente, la sustancia pretendía salir de nuestro país camuflada como un cargamento de soja, titularidad de un establecimiento rural propiedad de Luis Gastón Murialdo, quien fuera a la postre formalizado. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en cualquier caso en que quien comete el hecho delictivo pertenece a clases marginales, la prensa prescindió del epíteto de "delincuente" o "narcotraficante", y se refirió siempre al susodicho como "productor rural" o "empresario". El discurso de la criminología mediática, es, al menos, coherente: no importa el delito cometido por los poderosos, que pueden cometer errores pues son humanos, sino el cometido por integrantes de las clases bajas, a quienes hay que controlar y castigar.
Cualquier observador atento es consciente de esta realidad, y no se asombra por lo que digo. Pero existen otros observadores, estos no tan atentos, más permeables, y con un acceso a la información más limitado - y por ende más sesgado- no es consciente de esta realidad. En él tenemos que enfocar nuestra tarea de militancia en los tiempos venideros, pues el juego inmoral de los medios de comunicación no es sino un ataque directo al Estado de Derecho.
Joaquín Arigón
Referencias bibliográficas:
2. MCLAUGHLIN, Eugene y MUNCIE, James: "Diccionario de Criminología"; Editorial Gedisa, Barcelona, 2012, página 356.
3. MORÁS, Luis Eduardo: "Los enemigos de la seguridad. Desigualdades y privación de libertad adolescente"; Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2016, página 27.
5. FASSIN, Didier: "Castigar"
6. https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Cocaina-incautada-detuvieron-a-productor-rural-dueno-de-los-contenedores-y-su-hijo-uc739654